El Gobierno decidió mantener el plan de shock acordado con el Fondo Monetario Internacional, pese a las últimas modificaciones que debió introducir en su proyecto de ley ómnibus para lograr su aprobación en el Congreso. Esto es la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la exclusión de YPF de la lista de privatizaciones y la aplicación de una nueva movilidad jubilatoria.
Las negociaciones con los legisladores y el paro de la CGT sembraron dudas en las últimas horas sobre la viabilidad del mayor ajuste fiscal en los últimos 60 años. Pero, según pudo saber Clarín, el ministro de Economía, Luis Caputo seguirá adelante con su hoja de ruta para lograr un superávit primario del 2% del PBI en 2024. «El objetivo fiscal se mantiene», señalaron desde la cartera.
Según el plan de Caputo, el 40% del reordenamiento fiscal depende del Congreso si se considera el proyecto enviado este lunes para revertir el alivio en Ganancias a los trabajadores así como los cambios impositivos y la suspensión de la movilidad de los haberes dispuestos en la ley ómnibus. Los retoques en el último caso modificaron más de 100 artículos, pero sin alterar su impacto fiscal.
Uno de las principales novedades es la eliminación de las retenciones a las economías regionales (sin tocar carne y pesca) y de la facultad del Ejecutivo de subir los derechos de exportación. Ya en el proyecto original, solo el 50% quedaba gravado. Ahora, la nueva versión supondría una pérdida de recursos menor al 0,1% del PBI, ssegún los cálculos del economista de ACM, Francisco Ritorto.
El Gobierno mantuvo contra viento y marea el resto del «impuestazo», que prevé un incremento de los derechos de exportación para la exportación de harina y aceite de soja, desde 31% a 33%, y el aumento de la alícuota general al 15% para el grueso de las exportaciones de bienes. Este punto era clave, ya que las retenciones no están sujetas a coparticipación e ingresan al Tesoro.
La reformulación también comprende mayores restricciones para el blanqueo de capitales (los no residentes que se fueron al exterior no pueden declarar bienes a nombre de terceros y lo recaudado será destinado al Banco Central) y la exclusión de muchos contribuyentes en Bienes Personales por la suba del piso, junto con una rebaja menos gradual de las alícuotas para los sujetos alcanzados.
En materia de gastos, la propuesta es mantener “el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual» y, «a partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC«, lo que según el texto «garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”.
El esquema tendría un doble impacto. Por un lado, los haberes se actualizarán en marzo por los salarios y la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social de octubre y noviembre y diciembre. «El impacto fiscal sería muy bueno, para los jubilados terrible, este trimestre ajustan por inflación pasada (cerca del 25%) y se espera una inflación del 75%», señaló el economista Oscar Cetrángolo.
Por el otro, el próximo aumento será en función del IPC que corresponde a febrero (dato que se conoce a mediados de marzo). Como la apuesta oficial es que baje la inflación por la recesión, los ajustes serían menores a los que hubiera correspondido por la fórmula vigente desde 2021. Pero además no se tomaría en cuenta el mes de enero y tampoco está claro si se mantendrán los bonos.
Así, con una caída proyectada del 3% de la actividad en 2024, PxQ estimó que el gasto en jubilaciones se reduciría 0,9% del PBI, el doble de lo previsto por Caputo. «Hay un cuestionamiento serio en el tema previsional, es inaceptable 80% de inflación y actualización del 25%, hace pagar la pérdida de ingresos por el no aumento de retenciones a los jubilados», señalaron en la Fundación Alem, de la UCR.
El Gobierno acordó con el FMI un mayor ajuste al que exigía el organismo, pero aún no recibió los desembolsos prometidos para pagar la deuda. En diciembre, el gasto primario se redujo un 6% interanual en términos reales por las subas en las asignaciones y jubilaciones por debajo de la inflación, pero el déficit subió un 30% por los mayores subsidios y la caída de la recaudación.