Mientras el Gobierno aguarda la llegada de un desembolso de US$ 4.700 millones para cubrir los vencimientos que caen a fin de mes, el Fondo Monetario Internacional aún no confirmó cuándo se reunirá el directorio en Washington para autorizar el giro acordado hace casi dos semanas con las autoridades argentinas durante la visita de una misión del organismo en Buenos Aires.
El apoyo es clave en la hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo: cuenta con ese dinero para cancelar los US$ 1.950 millones que fueron postergados hasta el 31 de enero y los pagos de abril con el organismo. «Entiendo que llegan a fin de mes«, señalaron en Economía, aunque los recursos no podrán utilizarse para cubrir los US$ 830 millones de intereses que vencen el 1 de febrero.
Hace 11 días, Caputo, reflotó el programa caído y llegó a un acuerdo técnico con el FMI, por el cual se comprometió a alcanzar un superávit primario del 2% del PBI y comprar US$ 10.000 millones de reservas en 2024. A cambio de avanzar en el plan de ajuste, «Argentina tendría acceso a cerca de US$ 4.700 millones, sujetos a la aprobación del directorio», informó el Fondo.
Los dólares corresponden en parte al desembolso que había quedado pendiente en noviembre tras el incumplimiento de metas en la gestión de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, y el resto es un adicional. Caputo reconoció que no era «plata nueva», pero que iba a servir para pagar el crédito de la CAF por US$ 900 millones en diciembre y los vencimientos de capital hasta abril.
Durante el foro en Davos, en Suiza, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, destacó la semana pasada la «buena reunión» que tuvo con Javier Milei en su primer encuentro cara a cara y reveló que hablaron de los «profundos retos económicos y sociales y medidas decisivas para reducir la inflación», pero sin dar señales sobre la convocatoria al directorio para aprobar la séptima revisión.
Las demoras en confirmar la reunión en Washington coinciden con los desafíos que enfrenta el Gobierno para controlar una inflación que alcanzó el 211% anual, las renovadas presiones cambiarias que llevaron la brecha al 60% y las dificultades para aprobar el paquete de reformas contenidas en el DNU y la ley ómnibus, en vísperas del primer paro general convocado por la CGT para este miércoles.
Pese a que Milei destacó recientemente que el acuerdo con el Fondo fue «la negociación más rápida de la historia» y que su plan de ajuste es «mucho más profundo del que pedía el FMI», el organismo se mantiene expectante sobre avances en el Congreso. La importancia sobre ese asunto se hizo notoria en Davos, donde Caputo recibió decenas de consultas sobre las «reformas económicas».
El paquete legislativo es estratégico para el gobierno. En sus 664 artículos, el primer proyecto oficialista enviado al Congreso contiene medidas para reducir el déficit y cumplir con el Fondo, como la privatización de empresas, la suspensión de la fórmula jubilatoria y la suba de retenciones, tres puntos que ahora son objeto de fuertes tironeos en las negociaciones con aliados y la oposición.
Desde el organismo, ya dejaron en claro que esperan que el Gobierno genere el «apoyo político» para aprobar la ley por sus implicancias fiscales. Otras medidas, como el recorte del gasto en subsidios, obra pública, planes sociales y transferencias a provincias no dependen del Congreso. Pero Caputo avisó que, si no sale la norma, el ajuste será más duro.