La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la reestatización de YPF, impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012, podría experimentar un giro decisivo. El fiscal federal Ramiro González evalúa solicitar nuevas medidas para reactivar una investigación que lleva más de una década estancada.
Este movimiento, que tiene a Cristina Kirchner, se produce en un contexto de creciente presión política y judicial, luego del fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación de acciones de la petrolera estatal.
La causa por fraude en la reestatización de YPF fue iniciada en 2006 por diputados de la Coalición Cívica, entre ellos Elisa Carrió, pero cobró impulso en 2012 tras la decisión del gobierno kirchnerista de expropiar el 51% de las acciones de la empresa, entonces en manos de Repsol y del Grupo Eskenazi.
Desde entonces, el expediente ha estado bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien ha sido cuestionado por mantener la causa “planchada” durante más de 13 años. A pesar de múltiples requerimientos del fiscal González, el juez no delegó la investigación, sino que optó por enviar exhortos a España y Estados Unidos, y solicitar peritajes que aún están pendientes.
También aguarda informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO), lo que ha ralentizado el avance del expediente. El expediente judicial apunta a determinar si hubo fraude, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en el proceso de reestatización.
Entre los delitos investigados figuran: Artículo 268 del Código Penal: uso indebido de bienes públicos. Artículo 172: estafa y defraudación al Estado. Artículo 248: abuso de autoridad.
Apuntados
Los principales imputados incluyen a: Cristina Kirchner (expresidenta) Axel Kicillof (exviceministro de Economía y actual gobernador bonaerense). Julio De Vido (exministro de Planificación). Roberto Baratta (mano derecha de De Vido), Carlos Zannini (secretario Legal y Técnico). Miguel Galuccio (expresidente de YPF). Sebastián y Matías Eskenazi (exaccionistas de YPF). Varios exdirectores y síndicos de la empresa
Ramiro González ha sido uno de los pocos actores judiciales que ha mantenido viva la causa. En al menos diez requerimientos de instrucción, solicitó medidas de prueba y la indagatoria de los imputados. Sin embargo, la falta de colaboración del juez Lijo ha sido un obstáculo constante.
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