El FA impulsa la adhesión al Impuesto Mínimo Global

En la próxima Rendición de Cuentas, el gobierno uruguayo incluirá una decisión estratégica de gran calado: la adhesión al impuesto mínimo global del 15% para multinacionales, promovido por la OCDE y respaldado por los países del G7. Aunque se presenta como una mera adecuación técnica a nuevas reglas internacionales, el paso tiene implicancias profundas para la política fiscal y la soberanía económica del país.

La narrativa oficial es conocida: Uruguay debe “alinearse con los estándares globales” para no quedar rezagado. Pero esta justificación encubre una verdad incómoda: se trata de una renuncia explícita a la capacidad nacional de competir fiscalmente en un mundo donde los grandes quieren fijar las reglas a su medida. El nuevo impuesto no busca justicia, sino uniformidad. Y la uniformidad, en política fiscal, beneficia a quienes ya controlan el tablero y perjudica a los que intentan diferenciarse para atraer inversión y desarrollo.

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Durante años, Uruguay ha utilizado herramientas como las zonas francas, los regímenes promocionales y una estructura impositiva relativamente atractiva para posicionarse en un vecindario difícil. Esa estrategia, aunque no exenta de críticas, ha dado resultados. Reducir ese margen de acción por presión externa implica resignar uno de los pocos instrumentos reales de política económica que aún conserva el país.

Es cierto que la adhesión puede evitar que empresas sean gravadas por otros países bajo el nuevo esquema. Pero la pregunta no es solo técnica: ¿debe Uruguay aceptar pasivamente una arquitectura fiscal diseñada por y para economías con problemas que no compartimos? ¿O debería, al menos, discutir abiertamente si ese modelo nos conviene?

Que una decisión de este calibre se incluya discretamente en una Rendición de Cuentas dice mucho del clima político actual. Se evita el debate, se minimiza el alcance, se traslada la discusión al lenguaje técnico. Pero lo cierto es que, bajo la apariencia de una “actualización normativa”, se está validando un principio que erosiona la libertad de cada país para definir su propio rumbo fiscal y económico.

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La integración internacional no exige sumisión. Uruguay puede y debe participar en los foros globales, pero desde la defensa de sus intereses, no desde la obediencia automática al nuevo consenso tributario global, que no es neutral, ni universal, ni necesariamente conveniente para todos.

Hay decisiones que moldean el futuro sin grandes titulares. Esta es una de ellas. Y convendría discutirla con la seriedad que merece.