Casi 500 personas fueron arrestadas por autoridades de inmigración de Estados Unidos en una planta de Hyundai ubicada en el estado de Georgia, en lo que representa la mayor redada laboral durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
La operación, que involucró a 475 individuos, se centró principalmente en trabajadores de origen surcoreano, con más de 300 ciudadanos coreanos entre los detenidos. La redada tuvo lugar en una instalación de más de 12.000 metros cuadrados dedicada a la producción de vehículos eléctricos, la cual llevaba aproximadamente un año en funcionamiento.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la operación no fue una redada típica de inmigración, sino una investigación criminal prolongada.
Steve Schrank, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Atlanta, afirmó que los agentes llevaron a cabo una investigación durante varios meses, recopilando pruebas, entrevistando testigos y obteniendo documentación. Posteriormente, estas pruebas fueron presentadas ante un juez, quien emitió una orden de registro.
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Schrank señaló que esta fue ”la mayor operación de control migratorio en un solo lugar en la historia” de las investigaciones de HSI, y aclaró que no se trató de una intervención improvisada, sino de una acción cuidadosamente planificada con base en prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves.
Entre los detenidos, además de ciudadanos surcoreanos, también se identificaron personas de otros países. Por ejemplo, fue arrestado un ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos, quien podría ser deportado debido a múltiples condenas penales.
Las personas arrestadas están siendo retenidas en el centro de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Folkston, Georgia, mientras se determina su situación legal. Según funcionarios del ICE, las detenciones incluyen a personas que estaban en el país de forma irregular o trabajando sin la debida autorización.
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La reacción del gobierno comunista de Corea del Sur no se hizo esperar. En un comunicado, Seúl expresó su preocupación y pesar por la operación, instando a las autoridades estadounidenses a respetar los derechos de sus ciudadanos detenidos. La situación generó tensiones diplomáticas, dada la cantidad significativa de ciudadanos surcoreanos involucrados y la magnitud del operativo.
Hyundai Motor Company, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmó estar ”monitoreando de cerca la situación” y aseguró que, hasta el momento, ninguno de los detenidos es empleado directo de la empresa.
Esto sugiere que los arrestados podrían haber sido contratados por subcontratistas o empresas externas asociadas al proyecto. Asimismo, se informó que la producción de vehículos eléctricos en la planta no se ha visto afectada, aunque LG Energy Solutions, socio de Hyundai en la fabricación de baterías, suspendió temporalmente las obras de construcción como medida preventiva.
Aunque las autoridades subrayan que no se oponen a la contratación de trabajadores extranjeros, insisten en que esto debe hacerse de forma legal y conforme a las leyes migratorias del país.
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