Lo que parece estar sucediendo es más grave de lo que está pasando. Por orden de importantes autoridades del Gobierno, el abogado que más influye en La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, buscó el sábado pasado al despedido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, para intentar persuadirlo de no romper del todo con el oficialismo tras la difusión de sus audios en los que relata a un interlocutor no identificado una trama de supuestas coimas en la compra de medicamentos a droguerías y laboratorios. Spagnuolo nombra a quiénes serían los destinatarios finales de posibles sobornos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y su subalterno de mayor confianza, el armador de las listas del partido, Eduardo “Lule” Menem.
A poco de conocidas esas filtraciones, Spagnuolo había cortado cualquier tipo de comunicación con la Casa Rosada. El abogado Viola, que es también apoderado de LLA, y muy cercano a Menem (Lule) y Milei (Karina), tenía como misión en este fin de semana que Spagnuolo acepte que el poder lo ayude a designar un abogado de confianza.
Más allá de lo que digan en público funcionarios y voceros informales, la realidad es que el caso se toma muy en serio en la Casa Rosada, genera estrépito, pánico, paralizó la gestión y, además y para colmo, los actos de la campaña electoral de los libertarios. Las fuentes consultadas, independientes entre sí pero que conocen la trama detrás de esta historia escandalosa, afirmaron a Clarín que Spagnuolo resistió ante la insistencia de Viola de ofrecerle ayuda jurídica, en principio.
Aún no designó defensor en la causa en la que se lo investiga como parte de un esquema de corrupción que podría alcanzar al más alto nivel político de la Argentina.
Cunde el pánico en la Casa Rosada
¿Y si Spagnuolo decidiera presentarse en la Justicia para declarar como “imputado colaborador”, es decir, como arrepentido? La sola mención de esa hipótesis, tomada como muy seria por el funcionariado, provoca pavor en el Gobierno.
Viola intentó torcer esa posibilidad, insisten las fuentes, por ahora, en vano. Si el ex titular de la ANDIS decidiera colaborar con la investigación judicial, debería aportar pruebas fehacientes de sus dichos que sostengan su estatus, ayudando además a que se devela parte de esta supuesta historia de ilegalidades a funcionarios de su mismo rango, o de puestos mayores en el organigrama gubernamental. “Tengo todos los chats de Karina”, dice Spagnuolo en los audios de los que no hay certeza, como se dijo, ni de origen, ni de destinatario, si es que hubiera alguno, o de por qué se difundieron a medios y en las redes.
Investigadores del caso escucharon la versión del posible arrepentimiento judicial del ex funcionario.
“Si Spagnuolo quisiera declarar como arrepentido, que lo haga. Ayudaría a develar los posibles delitos y sus autores más rápido de lo que finalmente hagamos nosotros”, detalló uno de los miembros del equipo que ya indaga en los teléfonos secuestrados en los allanamientos, y en la documentación encontrada tras las órdenes dictadas con celeridad por el fiscal Franco Piccardi y el juez Sebastián Casanello. El hermetismo en la Justicia es absoluto porque el magistrado dictó el secreto de sumario. Más temor entonces para los funcionarios y empresarios involucrados en un expediente que recién se inicia, pero que se sostendría sobre indicios sólidos, al menos en esta etapa primigenia.
El fiscal y el juez no dudan en actuar lo más rápido posible porque de otro modo no hubieran obtenido lo que ya tienen bajo custodia oficial y que ya se analiza: los dos celulares que se le encontraron a Spagnuolo en el allanamiento a una casa en la que se encontraba el viernes en el country Campo Grande, de Pilar, están en proceso de ser abiertos por la tecnología que maneja el Ministerio Público Fiscal. Son esos dos los teléfonos que queman: podrían encontrarse allí más audios no difundidos de Spagnuolo, o chats.
La Casa Rosada cabalga sobre el hielo: ¿Y si son los medios de prensa, o usuarios de las redes, lo que empiecen a difundir más frases casi confesionales de delitos de los funcionarios dichas siempre por el verborrágico Spagnuolo?
¿Hay videos del mismo funcionario describiendo los mismos, u otros delitos que dejaron de ser inconfesables? ¿Cómo y con quién dirigió nada más ni nada menos que el organismo encargado de cuidar a los discapacitados de toda la Argentina?
Más audios y videos
En la Justicia no dudan: hay más audios y hay videos sobre esta misma trama, deslizan fuentes muy informadas. Siguen las pruebas que cambian al interrogante por certeza.
En su edición de ayer, el diario Página/12 difundió más dichos grabados de Spagnuolo mientras era titular de ANDIS: esta vez, se lo escucha enojado por la intromisión de un supuesto funcionario en su organismo que, según él, llegó a él por orden del ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger. “¿Vos me venís a ayudar o controlar? No es lo mismo”, reconstruye su pesar Spagnuolo, para oídos de un interlocutor desconocido. Y sigue: “Le corté… Después, me enteré que llamaron al Correo Argentino, a Oca, y Andreani, con los que yo estaba negociando para trabajar, para cuestionar precios… Esto es un desmadre. Se te meten en tu organismo sin que estés intervenido…”, se enoja más adelante Spagnuolo, que también afirma en esa comunicación editada (y de nuevo, de origen desconocido), que una resolución que él había creado para facilitar habilitaciones de Certificados Únicos de Discapacidad había sido publicitada por Sturzenegger como propia.
Los audios de Spagnuolo ya no solo se refieren a posible corrupción de la Casa Rosada; o a la interna entre Milei y su vice Victoria Villarruel; si no que también pegan en otro logro que el oficialismo difunde como exitoso: la “motosierra”.
Ya pasaron varios días desde que se dieron a conocer los audios de Spagnuolo, y la preocupación y sospechas de los Milei y de sus asesores solo crecen.
Ni el Presidente, ni la Secretaria General, ni tampoco el funcionario “Lule” Menem dieron explicaciones públicas para sostener su inocencia ante las acusaciones y la aparición de indicios que van en el mismo sentido de lo dicho por Spagnuolo.
Para colmo, diputados nacionales y otros dirigentes de LLA declararon que sabían o conocían las versiones de que Spagnuolo padecía, o eso decía él, de negociados ilegales que ocurrían en su organismo. Nunca los denunció en los tribunales, tal como era su obligación por ocupar un cargo público.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único miembro del Gobierno que habló del tema: despegó al Presidente y a su hermana de cualquier tipo de involucramiento en una trama de corrupción.
Otra causa contra Lule Menem
El caso de Menem (Lule) podría complicarse más en los próximos días. Clarín pudo saber que el mismo juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán investigan desde hace varias semanas una denuncia del gremio de los peones rurales, UATRE, que pidió que se indague sobre la posible intervención de ese sindicato, ya que el Gobierno había ordenado que se intervenga la obra social de sus afiliados, OSPRERA.
Los investigadores judiciales, de acuerdo a fuentes que conocen parte de ese expediente, lograron acceder a parte del contenido del teléfono del interventor de esa obra social. Se llama Marcelo Petroni. “Esta intervención solo le interesa a Lule Menem”, diría uno de los mensajes detectados por la Justicia. Habría más y más comprometedores, afirmaron a Clarín fuentes que afirmaron que la pesquisa, en los próximos días, podría tomar un rumbo que complique la situación procesal de “Lule” Menem. Azares.
Mientras tanto, el caso Spagnuolo seguirá escalando, y generando dudas en una opinión pública que, por ahora, no encontró respuestas firmes de parte de los funcionarios nacionales.
Si bien en la Casa Rosada dejan trascender de modo informal que los audios de Spagnuolo fueron obtenidos de modo ilegal, o que no serían reales, la verdad escrita en documentos oficiales va en sentido contrario.
El despido de Spagnuolo como titular de ANDIS, y del ahora ex Director Nacional de Acceso a la Salud, Daniel Garbellini, quien sería el potencial organizador de la operatoria ilegal de contratos con droguerías y laboratorios con el cobro de coimas incluido, se cumplimentó de acuerdo al decreto 599/2025.
El texto explica que la decisión se tomó porque el Estado Nacional tiene el compromiso de prevenir “conductas contrarias a la integridad pública”, del mismo modo que también debe “evitar irregularidades administrativas y penales”.
En otro párrafo alude directamente a las obligaciones que deben cumplir los funcionarios de acuerdo a la Ley de Ética Pública.
El decreto dice mucho más de lo que explicaron ahora en público y en privado los encargados de transparentar los actos de Gobierno.
¿Qué saben y por qué lo callan?
No ayudaron a generar sensación de transparencia, tampoco, la actitud de dos de los directivos de la droguería mencionada por Spagnuolo como parte esencial del esquema de supuestas coimas y contratos amañados con su organismo por orden de Menem, siempre de acuerdo a sus dichos: la empresa se llama Suizo Argentina.
Los hermanos Emanuel y Jonathan Kovalivker, a cargo de la operatoria de la compañía, dejaron sus mansiones en el country Nordelta cuando supieron que la Policía de la Ciudad entraba al lugar para allanarlos. A Emanuel lo encontraron en una rotonda. En su auto llevaba sobres con más de 250 mil dólares. Su hermano Jonathan huyó. Dejó en su casa, de dimensiones impactantes, varias cajas de seguridad abiertas.
¿Por qué se escapó si solo sería requisado por las autoridades?
La mansión que habita el fugado fue en algún momento propiedad de la familia de un crack del fútbol argentino que hizo carrera en España. Kovalivker la amplió, y construyó un enorme garage subterráneo para su colección de autos. La describieron amigos suyos: es dueño de veinte Porsche. Diez son blancos. Y diez son negros.