El Juzgado Federal N.º 1 de Formosa resolvió hacer lugar a una medida cautelar que exige a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la reparación urgente de tramos estratégicos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, tras años de abandono. La acción judicial fue impulsada por la Fundación Padres Unidos por el Dolor, el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo.
La sentencia establece que Vialidad Nacional deberá ejecutar en un plazo de 90 días tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas. La situación más crítica se registra en el Puente Blanco, donde el socavamiento y los hundimientos ya ocasionaron accidentes fatales.
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“Amenaza directa a la vida y la seguridad”
Según el fallo, el estado actual de las rutas representa un riesgo grave para la seguridad vial y el derecho a la vida. “A priori entiendo que no se brinda la seguridad necesaria a los usuarios de las rutas, configurando una amenaza para la seguridad vial y un claro riesgo para la vida”, expresa la resolución judicial.
El deterioro no sólo pone en peligro a quienes transitan, sino que impacta directamente en la economía regional: el transporte de cargas se vuelve más lento y costoso, cae el turismo y se dificulta el acceso a servicios esenciales en comunidades aisladas.
Ajuste fiscal y desinversión en obra pública
Este fallo se da en un contexto nacional marcado por un fuerte ajuste del gasto público, implementado por la administración de Javier Milei, que eliminó fondos para obras viales en todo el país. Formosa no es la excepción: las rutas nacionales se encuentran sin mantenimiento desde hace meses.
La Justicia aclaró que la sentencia no representa una intromisión en las facultades del Ejecutivo, sino que exige el cumplimiento de obligaciones legales ya establecidas. En caso de incumplimiento, la DNV podría enfrentar cargos por desobediencia. Con esta medida, la Justicia busca dar una respuesta concreta al reclamo de los usuarios viales, ante un Estado nacional que, hasta el momento, permanecía en silencio frente al deterioro creciente de la infraestructura. Ahora, Vialidad deberá actuar, con plazos definidos y bajo supervisión judicial.