En sintonía con los acuerdos y la hoja de ruta anticipada al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno apura el paso y se prepara para activar una serie de privatizaciones que considera clave para revitalizar las cuentas públicas. En esa dirección, La Libertad Avanza (LLA) ultima detalles para la publicación del decreto que iniciará el proceso de venta de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las empresas que fue emblema de la política precisamente energética del kirchnerismo. En ese plan, la gestión que encabeza Javier Milei buscará el traspaso de Citelec, la compañía que controla a Transener, la transportadora de electricidad más importante del país. Al mismo tiempo, el oficialismo llamó a licitación para elaborar los pliegos de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas.
La salida del decreto que iniciará el proceso de privatización de ENARSA tendría lugar antes de que concluya esta semana. Según trascendió, la venta de la empresa se hará por partes y mediante la alternativa del concurso público tanto nacional como internacional.
ENARSA posee presencia en un amplio abanico de proyectos e iniciativas que van desde el ex gasoducto Néstor Kirchner hasta las represas que, con paradas continuas, buscan desarrollarse en la provincia de Santa Cruz. Al mismo tiempo, señalan plataformas como Econojournal, la estatal también ostenta una participación dominante en las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, ubicadas en Campana (provincia de Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe), respectivamente.
A mismo tiempo, la firma en cuestión controla el 50% de la terminal de Gas Natural Licuado (GNL) de Escobar y posee una participación dominante en el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).
El fin de ENARSA, un emblema del kirchnerismo
En total, suman cerca de 17 las unidades de negocio en las que ENARSA interviene de alguna forma. Con relación a Transener, se estima que su valor de mercado se ubicaría en torno a los 700 millones de dólares.
La puesta en venta de la distribuidora tiene lugar en momentos en que se está por definir la Revisión Quinquenal de Trifas (RQT), la cual terminará por fijar la política de ajustes a los servicios energéticos por los próximos 5 años. En torno al oficialismo ese aspecto es asumido como un elemento que avivará el atractivo de Transener para los potenciales inversores.
En simultáneo al decreto en camino, el Gobierno movió las piezas y dio un paso más en el proceso de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas.
En concreto, y durante la jornada del martes, se publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para el desarrollo de los pliegos que darán pie a la futura venta del tendido ferroviario.
“Contratación del servicio de asesoramiento legal para la confección de pliegos y demás documentación necesaria para llevar adelante los procesos licitatorios en el marco de la privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A.”, se indicó en la notificación, con el detalle de un “monto estimado de u$s478.500” en términos de presupuesto.
A la par de este caso, el Gobierno también comenzó a evaluar la situación del Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), el tren de cargas que hoy controla el grupo Techint y cuya concesión concluirá a fines de abril. En las filas oficiales se discute la posibilidad de establecer una nueva prórroga –ya se aplicó una en 2024– como medida inmediata y a los fines frenar la vuelta del FEPSA al control del Estado.
Privatizaciones: el Gobierno cambia el status para vender otras empresas estatales
El cambio que viene para ENARSA no es el único promovido por LLA en el último tiempo. Durante la primera mitad de abril, el Ministerio de Justicia informó que, vía la Inspección General de Justicia (IGJ), transformó a un grupo de 5 empresas públicas en sociedades anónimas, lo cual abrió la posibilidad de una venta parcial o total de sus acciones.
Entre las compañías comprendidas se ubicaron Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), Corporación Buenos Aires Sur y Télam, ya definida como “disuelta”. Desde el Gobierno se indicó que el cambio en cuestión apuntaba a romper el “uso político” de estas firmas.
La novedad fue comunicada por la cartera de Justicia a través de sus espacios en redes sociales. En concreto, se indicó que “la Inspección General de Justicia, dependiente de la Secretaría de Justicia, inscribió la transformación de cinco empresas estatales en S.A.“.
Este detalle fue compartido junto con un flyer titulado “Motosierra” y sigue a la decisión del oficialismo de redefinir el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila, proceso para el que se busca una nueva fecha tras incumplirse los plazos fijados el año pasado.