En las últimas horas trascendió una denuncia contra el PAMI por haber pagado sobreprecios en la compra de medicación oncológica durante el Gobierno de Alberto Fernández, pero lo que no se supo es que los referentes de la Coalición Cívica que hicieron esa presentación penal sumaron una segunda denuncia -a la que pudo acceder este medio-, basada en la misma cuestión, pero dirigida en forma directa contra las tres principales cámaras de laboratorios farmacéuticos. El señalamiento: presunta cartelización.
La conducta “anticompetitiva” observada por la ex diputada Elisa Carrió y el actual legislador porteño Hernán Reyes fue denunciada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en un escrito de 59 páginas, más otras 25 adicionales que incluyen pruebas de los sobreprecios manejados en forma cartelizada por la “industria”, el rótulo como en el sector se suele nombrar a un puñado de los 300 laboratorios farmacéuticos con mayor peso en el mercado local.
Los denunciantes señalan la conformación de un cartel compuesto por casi 40 compañías farmacéuticas -entre los que hay empresas de capitales nacionales y extranjeras-, que en los últimos años habrían jugado un doble y polémico papel en la venta de medicamentos de alto costo al PAMI (por fuera de las que se hacen vía licitación).
Ser, por un lado, parte en esos acuerdos; y, al mismo tiempo, manejar la empresa encargada de controlar y auditar el cumplimiento de esos mismos contratos firmados entre la “industria” y el Estado.
A estas intermediarias las llaman “mandatarias”, en el sector. Son un eslabón más en la compleja cadena de comercialización que va desde el laboratorio fabricante hasta el mostrador de farmacia. Si bien la función de las mandatarias es auditar y ayudar a que se cumplan los acuerdos celebrados entre las partes, no son pocas las voces de este mundillo que hace años señalan, por lo bajo, el problema de que la propia industria maneje estas compañías.
Según la denuncia ante la CNDC, la mandataria, en este caso, es una empresa legalmente constituida, llamada ACE Oncológicos, el nombre que abrevia el mucho más extenso “Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales”, que -apuntan desde la Coalición Cívica (CC)- sería propiedad de por lo menos 38 laboratorios, entre los cuales hay varios de los que más peso tienen en las tres cámaras del sector.
Clarín intentó dialogar con esas entidades. Desde CAEME, la cámara que nuclea a la “farma” extranjera con sede en Argentina, respondieron a Clarín que “no hay cartelización en la industria farmacéutica. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha analizado el mercado farmacéutico y los convenios en diversas ocasiones y no ha realizado objeciones al respecto. En la Argentina hay libre competencia de mercado. Con más de 150 laboratorios, el sector farmacéutico es altamente competitivo”.
Agregaron que “el convenio PAMI-Industria surgió en el año 2002 como un instrumento para generar condiciones de acceso a medicamentos por parte de los afiliados del PAMI en un contexto de crisis socioeconómica. Mediante este convenio la industria farmacéutica realiza importantes descuentos al PAMI lo que permite garantizar que sus 5 millones de afiliados accedan en todo el país a los medicamentos en forma gratuita o en muchos casos a un precio inferior a los de venta al público”.
En el caso de los laboratorios nacionales, desde Cooperala explicaron que sus referentes estaban de vacaciones. Por su parte, representantes de CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios argentinos más importantes del mercado, respondieron las consultas de este medio.
Antes de seguir, un dato de color. Como parte del pedido a la CNDC de que investigue la presunta cartelización farmacéutica, la CC sugirió en el escrito algunos testigos importantes que deberían ser llamados a testimoniar. Desde ya, referentes del sector, incluyendo a quienes conducen la actual Dirección Nacional de Asistencia Directa.
¿Quién es el personaje más relevante? El empresario (ex director de la UAS y director de Swiss Medical), Claudio Belocopitt. La razón: el señalamiento que él mismo hizo de los laboratorios cuando a él mismo lo acusaron (a comienzos de 2024) por la disparada de precios en las cuotas de la medicina prepaga y la presunta cartelización del sector.
La “farma” cartelizada: qué dijeron los laboratorios
En diálogo con Clarín, desde CILFA dijeron por escrito desconocer los detalles de la denuncia por cartelización. Repreguntados por detalles relativos a la empresa ACE Oncológicos, prefirieron no emitir comentarios.
En cambio, como se verá, hablaron de los sobreprecios. Ahora bien, ¿cómo se conectan estos dos temas (la cartelización y los sobreprecios)? Como se vio en los casos de las prepagas, un mecanismo serviría para proteger al otro.
Carrió y Reyes detectaron, por un lado, compras que habrían sido hasta 16 veces más baratas (según el estudio de 8 moléculas oncológicas adquiridas en 2023 por el PAMI), si el Estado las hubiera adquirido por licitación y no, como hizo, vía convenio marco. Estos son los sobreprecios y podría haber más.
Por otro lado (esta es la denuncia frente a la CNDC), la “farma” llevaría a cabo esa práctica gracias a la impronta de cartelización de su sector. Para entender esto, volvamos a CILFA.
Fuentes de esa cámara explicaron cómo funcionan y para qué los dos mecanismos de contratación principales para adquisición de remedios del PAMI (o de cualquier otro organismo del Estado. Y de hecho, desde hace unos meses, todas las compras de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud se hacen a través del PAMI).
Las dos vías por las que compra remedios el Estado
La primera de esas vías es la clásica licitación pública. Debería ser prioritaria, ya que lo lógico para un organismo del Estado es planificar sus compras y llevarlas adelante por grandes volúmenes, luego de que hayan competido, en precio, distintos oferentes.
La segunda vía son los llamados “convenios marco”, que se usan para compras más chicas y menos previsibles.
La denuncia del entorno de Carrió apunta que se viene prorrogando un convenio marco que mantiene la forma de negociación en una suerte de “statu quo”. Entre otras cosas, perpetúa el rol privilegiado de la mandataria ACE Oncológicos. Si, como dicen desde la CC, es propiedad de los laboratorios, cualquier incumplimiento o sobreprecio queda sujeto al relativo control que el propio sector puede hacer de sí mismo.
Porque, explicó Reyes, esa mandataria “es la encargada de liquidar los pagos, controlar stocks y entregas, es decir, auditar todo lo relativo a la relación contractual por los medicamentos de alto costo entre el PAMI y los laboratorios”.
Pero hay más y, para entenderlo, hay que recordar que durante el macrismo (en la gestión del PAMI de Sergio Cassinotti), la obra social de los jubilados modificó el sistema informático que utilizaba en las farmacias para -podría decirse- “sacar del medio” a los laboratorios.
El tema fue famoso: el PAMI pasó de usar el sistema Farmalink (propiedad de la “industria”, que controlaba todo lo que vendía el PAMI, a quienes lo hacía y bajo la prescripción de qué médicos) a usar la plataforma Farmapami (de las farmacias). Hace muy poco tiempo, de hecho, el ministro de Salud Mario Lugones hizo que esa decisión se echara para atrás.
Ahora bien, el supuesto giro rupturista que Cassinotti había impulsado en su momento no incluyó quitar a la mandataria ACE de los acuerdos por las drogas de alto costo. Y no solo continuó como mandataria todos estos años sino que su función de intermediaria en las negociaciones con el PAMI quedó revalidada en diciembre de 2024 por el actual Gobierno de Javier Milei.
PAMI: el mayor cliente de medicamentos
“Los laboratorios están de los lados del mostrador. Son los que ejecutan el contrato y, también, los que lo controlan y se aseguran las cuotapartes del convenio. El PAMI nuclea el 45% de las compras del sector, de modo que se termina generando un agente disciplinador”, señaló Reyes, en alusión a que, aunque las compras vía convenio marco deberían ser una suerte de “uno a uno” (PAMI – laboratorio), al moverse corporativamente (o cartelizadamente) las empresas más grandes definen (para decirlo de un modo posible) “a quién le toca vender qué y a qué precio”.
Los convenios deberían ser funcionar como “parches” para paliar necesidades farmacéuticas menos previsibles que las que se pueden licitar. Sin embargo, ¿el PAMI no sabe cuántos enfermos oncológicos tiene y qué medicación van a precisar?
¿Y cómo se explica que, tal como expresa la denuncia ante la CNDC, en 2023 el PAMI haya adquirido 1.178.974 unidades de medicamentos de alto costo por $112.079.605.049,21 a través de convenios marco, y que los medicamentos de alto costo adquiridos vía licitación pública hayan sido menos que los primeros, 986.116 unidades por un valor de $12.274.411.280?
En diálogo con Clarín, Reyes lo definió así: “En lugar de ser un parche, la vía del convenio marco vino siendo la regla”.
Desde CILFA, sin embargo, lo discuten: “Los laboratorios no incurren en sobreprecios en sus ventas al PAMI. Actúan conforme a derecho. Toda comparación o análisis de las distintas compras de PAMI debe ser efectuada tomando en cuenta la complejidad de su sistema de compras y el contexto de volatilidad de los últimos años”.
Son argumentos compatibles con los dichos públicos de quien condujo el PAMI en los año señalados: Luana Volnovich (quien no respondió las consultas de este medio).
Por lo pronto, desde CILFA se mostraron enfáticos: opinaron que “lo que se informó en los medios no tiene sustento” y que parece “una acción política en el inicio de un año electoral”.
PS