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Milei, Caputo y Sturzenegger avanzan en la reglamentación del RIGI, los contratos de obra pública y la reforma laboral

Un mes después de su aprobación en el Congreso, el Gobierno avanza a toda marcha con la puesta a punto de la Ley Bases y esta semana verán la luz algunos de los capítulos más sensibles. Este lunes se reglamentará la ley de contratos de obra publica, en los próximos días le seguirá el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) y luego sería el turno de la reforma laboral, uno de los puntos que genera mayores tensiones con parte del sindicalismo.

El apartado que aparecerá mañana en el Boletín Oficial contempla la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública y de provisión de bienes y servicios superiores a los $ 10 millones y que hayan sido celebrados antes del 10 de diciembre de 2023, con excepción de los contratos cuya ejecución fuera del 80% al momento de la sanción de la ley o que cuenten con financiamiento internacional. Los contratos con ese nivel de desarrollo se reanudarán en un plazo de 90 días.

Javier Milei estuvo trabajando en la letra chica del RIGI, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro de Desregulación, Federico, Sturzenegger. «Fecha no hay porque hay revisiones, la idea es que sea esta semana o principios de la que viene», señalaron fuentes del Gabinete. «A fin de esta semana», agregaron en el Ministerio de Economía. Otras fuentes aseguran que los detalles se revelarán el próximo viernes.

El régimen es una de las pocas herramientas de las que dispone Milei para intentar captar dólares en un contexto donde el Banco Central empezó a perderlos desde julio y la economía sigue afectada por la recesión. La apuesta es destrabar inversiones por hasta US$ 54.000 millones hasta el 2032 en sectores considerados estratégicos, como foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Para ello, la normativa ofrece un amplio abanico de beneficios, que incluyen la rebaja de impuestos y la eliminación de derechos de exportación e importación durante 30 años para proyectos de inversión superiores a los US$ 200 millones, junto con el acceso libre a los dólares desde el tercer año y el arbitraje internacional ante litigios con el Estado. Pero hay tensión con la agroindustria y las operadoras de petróleo y gas no convencional por su exclusión.

Las petroleras piden que se contemple también a la perforación y fractura de pozos no convencionales en Vaca Muerta. En el articulo 172, la ley establece que las inversiones deberán ser de «largo plazo», con un piso del 30% entre el flujo neto de ingresos esperado sobre el flujo neto de inversiones en los primeros tres años a partir del primer desembolso de capital, para mantener las garantías de «estabilidad» en los beneficios. Eso dejaría afuera al sector «upstream» (aguas arriba) dedicado a la exploración de shale.

Milei busca impulsar proyectos nuevos en lugar de inversiones en curso. Sin embargo, a partir del fuerte lobby petrolero, el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de incluirlas, sin el compromiso de estabilidad. «Ahora un proyecto podría no ser de largo plazo porque no cumpla con el ratio pero, de todos modos, usar los beneficios fiscales sin la garantía de estabilidad. Eso es lo que podrían usar los no convencionales. El poder ejecutivo lo está analizando», confirmaron fuentes al tanto de los cambios.

La novedad trascendió después de la reunión entre el Presidente y los CEOs de las petroleras en Vaca Muerta. En su primera visita al yacimiento, los empresarios le comentaron el jueves las potencialidades de la cuenca y el presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que el primer proyecto, por US$ 2.500 millones, será la segunda etapa del oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra con 600 km de caños que permitirá duplicar la producción de petróleo. La apertura de sobres será en septiembre y en noviembre comenzará la segunda etapa.

Otros de los cambios que se espera en el RIGI es que el mínimo de inversión en minería se fije en US$ 900 millones, por encima del resto, y que en cada sector ingrese la mayor cantidad de industrias. «Por ejemplo, producción de bio combustible o hidrógeno verde debería entrar dentro de energía pero no hay detalle de eso», señaló una fuente con conocimiento.

Por otra parte, la secretaría de Trabajo avanzará esta semana en lo «más urgente» de la reforma laboral, un capítulo que extiende el período de prueba, crea un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, habilita el despido discriminatorio a cambio de una indemnización, crea la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos a cargo y permite el despido con causa por bloqueos de empresas. Sturzenegger será quien lo reglamente.

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