El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos destacó un fallo emitido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que validó la vigencia de la nueva Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores. En particular, pusieron de manifestó el votos de los vocales Daniel Carubia, Laura Soage y Miguel Ángel Giorgio.
Al respecto, destacaron “el carácter alimentario de los honorarios profesionales, lo que dignifica y jerarquiza profesión, anteponiendo la Ley de Honorarios 11.141 por sobre cualquier otra norma”.
El fallo fue dictado en el marco de la causa “Lucero Daniel en nombre y representación de su padre E.L. c/Iosper s/Apelación de honorarios que obliga a los magistrados a aplicar este criterio en futuros fallos.
“Cabe destacar que las escalas legales de aranceles en la provincia de Entre Ríos han sido legítimamente determinadas, con carácter de orden público, por sus órganos constitucionales competentes en materia reservada a ellos y no delegada a la Nación (…) Por otra parte, el legislador ha distinguido este proceso del sumarísimo común al determinar su arancelamiento en una norma específica y distinta, donde establece expresamente su privativa escala remuneratoria (…). En virtud de ello, al haber jurado observar y cumplir con las disposiciones de ambas Cartas Magnas, federal y provincial, los principios federales de reserva y de autonomía provincial tienen preeminencia sobre lo dispuesto en el art. 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación e igualmente respecto de las conclusiones del Acuerdo Plenario celebrado por este STJER el 28 de octubre de 2019, normativas que no son aplicables al caso. Los honorarios impugnados se ubican claramente por debajo del mínimo de la escala legal de orden público vigente, asistiéndole plena razón al recurrente”, rescató el Colegio de la Abogacía del voto del juez Carubia.
A su turno, la vocal Soage destacó: “Coincido en que la regulación de honorarios establecida por debajo del mínimo legal no puede ser mantenida. Con la sanción de la Ley 10377, se han derogado las disposiciones de la Ley 8622 (…), su carácter de orden público a partir de la entrada en vigencia de aquélla. El referido orden público ha sido recientemente ratificado por la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos (…). Por ello, los honorarios profesionales deben establecerse respetando las pautas del art. 91, Ley 7046 (…) aplicable a los procesos de amparo, mínimo legal -recientemente modificado por la Legislatura- que se impone respetar, al revestir carácter de orden público”.
A su turno, el juez Giorgio dijo: “Puesto a la tarea de resolver el recurso arancelario, debo reconocer que si bien hasta el momento me he pronunciado por la aplicación de la pauta regulatoria del art. 1255 CCCN para perforar los aranceles mínimos contenidos en la ley arancelaria local, en aquellos casos en que se advierte una desproporción entre la labor profesional y la retribución que corresponde fijar por ella, la novel ley arancelaria N° 11.141, lejos de hacerse eco de dicho criterio jurisprudencial ha resuelto aumentar aumentar el piso mínimo de los estipendios profesionales en materia de amparos, independientemente del mérito de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la trascendencia forense o social de la solución del caso, y las distintas etapas que el proceso hubiera podido transitar. Por otro lado, no puedo desconocer la postura mayoritaria que en torno a este tópico ha adoptado el Superior Tribunal de Justicia, en contraposición con la que he mantenido desde que me he desempeñado como juez de grado; Consecuentemente, en función del actual criterio de los Sres. Vocales que integran este tribunal y de la reciente voluntad del legislador de aumentar el piso mínimo regulatorio en materia de amparos”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora