«Es un paso importante. Es el final de un largo recorrido».
De sea forma, Pablo Tanger, presidente de la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, define la sanción, el jueves último, de la reforma a la Ley de Aranceles para Abogados y Procuradores.
La Cámara de Diputados de la provincia le dio sanción definitiva a la reforma de la Ley N° 7.046 que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores.
El proyecto fue impulsado por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. “Es un logro de la abogacía unida y de las distintas secciones”, remarcaron desde la conducción de la entidad.
Cuando participó del debate en comisión en Diputados, el vicepresidente del Colegio de la Abogacía, Santiago Esquivel, dio razones de la necesidad de aplicar cambios. «Se intenta lograr una reparación histórica para toda la abogacía de Entre Ríos, dado que la ley vigente tiene mas de 40 años y se reguló para otro momento», señaló y agregó que a su criterio, «la normativa actual tiene varias trampas; una el tema de la inflación, otra cuestión es que se toma como deuda dineraria y no como deuda de valor. De ese modo al momento de hacer efectivo el cobro se pierde el 85 % del valor regulado. Por otra parte, se debe considerar que la unidad de medida está dada por el valor del Jus Previsional, y que que en nuestra provincia el valor es de $9.800, siendo esta la más baja del país».
El proyecto plantea mecanismos de actualización de los montos de honorarios acordes a estos tiempos. Según algunos artículos de la ley, “los honorarios que se establezcan por la actividad profesional de los abogados tienen carácter alimentario. Los honorarios son embargables hasta el veinte por ciento (20%) del monto neto a percibir. En caso de que los honorarios no superen el salario mínimo, vital y móvil son inembargables.
Establece además que la unidad arancelaria “Jurista” es equivalente al 1,5% de la sumatoria de los ítems asignación básica y compensación jerárquica, o las que en el futuro las reemplacen, que integran el sueldo básico de un Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos, y debiendo guardar siempre la misma relación a los fines de la aplicación de la presente ley”.
Además, fija: “El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos deberá informar al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos cada vez que se modifique tal asignación para establecer el valor del jurista”.
Pablo Tanger, de la Sección Paraná del Colegio, entiende que la sanción fue producto del «diálogo. Hicimos un esfuerzo bastante grande. cuando alguien tenía dudas, lo explicábamos. Y siempre sostuvimos que no se perjudicaba a nadie».
«Lo que teníamos era una ley desactualizada. La peor ley de la Argentina. Teníamos innumerables argumentos para sostener este cambio», sostuvo en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Respecto de los puntos clave de la modificación, explicó: «La forma de calcular los aranceles era a través del valor del jurista, la moneda de los abogados, a su vez enganchada al jus previsional, que es el aporte previsional Cuando se modificaba eso, cada seis meses, se iba actualizando. Todos sabemos que Argentina tiene sus vaivenes, entonces siempre nos perjudicaba. Ese monto quedaba desactualizado», apuntó.
En cambio, ahora el valor del arancel queda «enganchado al 1,5% del sueldo básico de un juez, en dos componentes, la asignación básica y el complemento. Entonces, cuando se modifique el sueldo del juez, se actualiza en forma frecuente el valor del arancel. Además, ahora se van a aplicar intereses. Antes, se regulaban honorarios en un juicio, y podían pasar años hasta que la sentencia quedara firme y el valor del honorario no se actualizaba. Ahora, tendrá un interés como para que se desactualice tanto».
En comparación, apuntó Tanger, «cuando empezamos trabajar en esta ley, Santa Fe tenía el valor del jurista en $36 mil, y nosotros en $4.100. Hoy, Santa Fe tiene el valor del jurista en $55 mil, y nosotros en $9.800».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora